06 Junio 2019

Con el voto de la diputada Patricia Jurado y 12 más, impiden denuncias penales en contra de funcionarios responsables en la retención de mil mdp en Pensiones Civiles del Estado

Dentro de la revisión de las cuentas públicas de Pensiones Civiles del Estado, durante el ejercicio fiscal 2017, se presentó una observación para dar vistas a la Auditoría Superior del Estado a fin de que este órgano interpusiera una denuncia penal en contra del ente fiscalizable, y de quienes resultaran responsables, por la retención de mil 537 millones 364 mil 141 pesos por concepto de aportaciones patronales de los empleados afiliados del Gobierno del Estado y sus organismos públicos.

En esta cuenta pública se detalló que 46 dependencias de Gobierno del Estado retuvieron el pago para prestaciones de servicio social, encontrándose la Secretaria de Hacienda con una retención de 354 millones 820 mil 600 pesos; la Universidad Autónoma de Chihuahua con 483 millones 261 mil 921 pesos; la Junta Municipal de Agua y Saneamiento con 308 millones 251 mil 514 pesos; y el Instituto Chihuahuense de la Salud con 118 millones 110 mil 326 pesos.

El resto de las dependencias registraron retenciones por debajo de los 58 millones de pesos, según el informe técnico.
La comisión de fiscalización determinó que esta irregularidad debería ser investigada penalmente y sancionada en caso de que los funcionarios involucrados resultaran responsables, sin embargo al presentar el dictamen ante el Pleno, solamente siete de treinta diputados votaron a favor de que se investigaran estas irregularidades por la Fiscalía Anticorrupción.

Los diputados que votaron a favor de que se presentaran las denuncias penales en contra de funcionarios responsables, fueron Omar Bazán Flores, Ana Elizabeth Chávez Mata y Jesús Velázquez Rodríguez del PRI; Carmen Rocío González y Jesús Villarreal Macías del PAN; Martha Josefina Lemus Gurrola del PES; y Leticia Ochoa Martínez de Morena.

Fueron 13 votos en contra y once diputados que a pesar de estar en la sesión y conocer el sentido del dictamen, así como las irregularidades denunciadas, decidieron no presentar su voto, por lo que el dictamen no alcanzó la votación requerida para ser desechado o aprobado y se regresó a la comisión legislativa.

Los diputados que votaron en contra de que se solicitara presentar las denuncias fueron Rubén Aguilar Jiménez y Deyanira Ozaeta del Partido del Trabajo; Fernando Álvarez Monje, Luis Alberto Aguilar Lozoya, Blanca Gámez Gutiérrez, Patricia Gloria Jurado, Miguel La Torre Sáenz, Marisela Terrazas Muñoz y Jesús Valenciano García de Acción Nacional; Ana Carmen Estrada García y Lourdes Valle de Morena; Alejandro Gloria del Partido Verde; y Obed Lara Chávez del Partido Encuentro Social.

Los diputados que conocían las irregularidades y aún así no votaron el dictamen fueron Román Alcántar Alvidrez y Francisco Humberto Chávez de Morena; Georgina Alejandra Ríos y Jorge Carlos Soto Prieto del PAN; René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza; Misael Máynez y Marisela Saénz Moriel del PES; Rocío Guadalupe Sarmiento y Lorenzo Arturo Parga de Movimiento Ciudadano.

Además de esta denuncia penal se solicitaba también presentar denuncias administrativas por una serie de observaciones en la adjudicación y compra de medicamentos.